Monográfico 2023 La institucionalización de las Áreas Naturales Protegidas

La red de Áreas Protegidas en el Estado español es indisociable de la transferencia de competencias autonómicas iniciada en los años ochenta del siglo pasado, que prendió la mecha del desarrollo de las políticas públicas en materia de conservación de la naturaleza. En estas páginas avanzaremos la génesis de este proceso de institucionalización, a partir de un análisis diacrónico y comparativo en tres territorios, Catalunya, Andalucía y Comunitat Valenciana, desde el reconocimiento de su especificidad. A continuación, el estudio se ampliará a Portugal y se trasladará, en última instancia, al contexto internacional actual de las políticas de conservación neoliberales.

Las políticas públicas de conservación en Cataluña comienzan en la década de los setenta del siglo pasado como respuesta a una demanda de la sociedad civil, con una preocupación creciente por los impactos negativos del desarrollismo franquista, y se configuran como un instrumento de ordenación del territorio. A partir de entrevistas cualitativas a informantes de distintos perfiles que tuvieron un especial protagonismo en esta etapa, este artículo estudia la institucionalización de la conservación de la naturaleza en Cataluña entre 1970 y 1988, analiza el papel de las administraciones involucradas y muestra la relevancia del cambiante contexto político-social del periodo en este proceso.

Entre 1978 y 1989 se crea en Andalucía un modelo de conservación ambiental que se convertirá en referente a nivel estatal e internacional. Será el resultado de un complejo proceso político marcado por tendencias contradictorias (tránsito del franquismo al parlamentarismo, del centralismo al autonomismo), activismo social-ambientalista y pugnas entre corporativismos disciplinarios (biología, ingeniería, geografía). A partir de entrevistas cualitativas, fuentes hemerográficas y documentales, explicamos este modelo, su visión y dispositivos como un marco político-administrativo que surge de relaciones personales y de la confrontación entre corrientes dentro del partido de gobierno en Andalucía (PSOE) en el contexto de un ascenso de las demandas y el movimiento ecologistas.

Desde mediados de la década de 1980 el primer gobierno de la Generalitat Valenciana inicio la declaración oficial de espacios protegidos en su territorio, mediante la creación de distintas figuras de protección. El proceso fue llevado a cabo de forma expeditiva desde la transferencia de competencias en materia de conservación de la naturaleza (1984) por parte del Estado español. Este desarrollo se ejecutó sin un marco legal autonómico apropiado, con movilizaciones sociales para la defensa del medio, con diversos grados de oposición local y con una creciente extensión de la urbanización de la costa. En un contexto de legitimación de fuerzas políticas democráticas y de transformación de las nociones de conservación de los ecosistemas, irrumpe la idea de la protección de urgencia, pero sin los instrumentos de gestión y recursos suficientes. En este artículo se presentan las claves para entender el incipiente proceso de institucionalización de las áreas protegidas en la Comunitat Valenciana (España) a través de entrevistas realizadas a los principales cargos políticos y gestores de aquella época.

El presente artículo profundiza en el papel que tuvieron los movimientos sociales en la configuración de la política conservacionista de las décadas de los 70, 80 y 90 en los territorios de Catalunya, Comunitat Valenciana y Andalucía. A través de una investigación cualitativa basada en entrevistas en profundidad y en el análisis documental, abordamos desde una perspectiva comparada cómo la movilización ciudadana y el asociacionismo científico y académico influyeron en la declaración de los primeros parques naturales a través del apoyo o el rechazo a las iniciativas de conservación.

El texto examina los marcos legales en Portugal para discutir cómo se ha gestionado la conservación de la naturaleza desde una perspectiva estatal. Las Áreas Naturales Protegidas corresponden a una voluntad del Ámbito Político de estar a la altura de una agenda ambiental internacional. Sin embargo, se han implementado principalmente en propiedades privadas o en baldíos (tierras comunales pero no publicas). Por lo tanto, en términos prácticos siempre ha estado presente una tensión entre el Estado y las comunidades y/o propietarios privados desde principios del siglo XX con la creación de “perímetros forestales”. El artículo sobrevuela los puntos de inflexión críticos en las Políticas de Conservación portuguesas desde los años 70 del siglo XX hasta nuestros días con el diploma de cogestión de Áreas Protegidas, recientemente creado.

La neoliberalización de la naturaleza, y por ende de las políticas ambientales y de organización del territorio, ha ido agravándose y profundizándose desde la crisis global de 2008. A través del desarrollo de megainfraestructuras, proyectos mineros y de fracking, apertura de vertederos y emisiones de vertidos, acaparamiento de tierras, restricciones de acceso a espacios verdes públicos o gentrificación y políticas de regeneración urbana desigual, los espacios públicos y naturales dentro y fuera de las ciudades han ido siendo apropiados, privatizados, mercantilizados degradados y profundamente transformados con el objetivo de superar la recesión y dar impulso al desarrollo urbanístico. A pesar del éxito relativo en el empeño de promover un crecimiento urbano, su impacto desproporcionado ha tenido un claro componente de género, clase y etnicidad, profundizando las desigualdades medioambientales, sociales y espaciales en múltiples lugares a lo largo y ancho del planeta. Basándome en mi larga experiencia de investigación en el campo de las compensaciones de biodiversidad (biodiversity offsetting), argumento en este ensayo que desde la crisis financiera del 2008, hemos sido testigos del surgimiento de una relación crecientemente simbiótica entre políticas de conservación neoliberal, crecimiento urbano y desarrollo de infraestructuras. Esto ha venido acompañado de una reformulación de las naturalezas no-humanas como un elemento movible e intercambiable, con un mejor encaje en las nuevas territorialidades generadas en las geografías urbanas y económicas globales. Este cambio persigue legitimizar y dar aspecto de sentido común a la idea de una naturaleza, ya sea un espacio protegido, un bosque, una especie amenazada o un espacio verde urbano, que puede reubicarse y recrearse según dicten los intereses de determinadas secciones del capital. De fondo, el argumento que subyace no es sólo que las naturalezas no-humanas no deben ser consideradas una barrera al crecimiento urbano de infrastructuras, sino que, por el contrario, pueden ser perfectamente compatibles.