La aprobación y puesta en marcha de la Ley de Dependencia ha supuesto un nuevo campo de actuación para las políticas públicas. De acuerdo a dicha Ley, son las Comunidades Autónomas las responsables de ofrecer los servicios. Por ello parece oportuno plantearse si el impacto será igual en todas ellas. Este trabajo trata de evaluar el número de personas dependientes con derecho a ayudas públicas en cada territorio y el coste asociado a su atención, tanto en el instante actual como hasta 2015, año en el que el sistema público de atención estará plenamente desarrollado.