En la mayoría de los países se vienen impulsando medidas con las que reorganizar las estructuras institucionales a través de las que se prestan los servicios públicos. Estas reformas buscan conciliar el aumento de la presión sobre los sistemas de protección con su sostenibilidad, pero también mejorar su eficacia y cercanía a la ciudadanía. Recientemente Gipuzkoa ha promovido la revisión del modelo de gobernanza territorial para mejorar la atención a las personas en situación de exclusión y vulnerabilidad. En este artículo se aproxima cuáles son las principales limitaciones del nuevo modelo de gobernanza comarcal para promocionar la inclusión social, identificando algunos aprendizajes que pueden ser extensibles a otros territorios que lleven a cabo procesos similares. Entre ellos habría que considerar especialmente la necesidad de un claro compromiso y liderazgo público, y la apuesta por figuras profesionales y estructuras de carácter comarcal y/o local que articulen recursos y agentes sociales.