La generalizada aceptación de la existencia de restricciones al acceso al crédito a largo plazo por parte de las pequeñas y medianas empresas (Pyme), ha inducido a los gobiernos al establecimiento de sistemas institucionales que faciliten dicho acceso y abaraten el coste del crédito, siempre que pueda justificarse (y evaluarse) su viabilidad y no introduzcan distorsiones en la competencia. Abundantes estudios han profundizado en esta vía de investigación académica, aunque apenas han particularizado la perspectiva regional. Debido a las distintas características que presenta la estructura empresarial entre las regiones, así como a la existencia de economías de aglomeración y a la dispersión regional de la tasa de empresarialidad, en este trabajo se analiza la incidencia del modelo de apoyo a la financiación productiva, proporcionada por el gobierno de España, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), en los comportamientos y desempeños de las empresas beneficiarias. Esta línea de financiación, de intermediación bancaria, ha destinado en la última década casi 30.000 millones de euros. Los resultados arrojan evidencias de la aceptación generalizada de esta política por su adecuación a los intereses de las empresas y por su contribución a la mejora de sus indicadores de eficiencia económico-financiera. Regionalmente, no se observan importantes disimilitudes, pero la investigación detecta una mayor contribución al dinamismo de las regiones más avanzadas.