El sector público puede actuar como consumidor para fomentar la innovación a través de la compra pública innovadora (CPI). Este instrumento de política de I+D, innovación y desarrollo, presenta una notable potencialidad, como muestra su relevancia en las economías de la OCDE. En comparación con otros instrumentos, sus principales ventajas son garantizar un mercado inicial de notable dimensión para las innovaciones desarrolladas por el sector privado; o reducir el riesgo para los proveedores que invierten en nuevas y costosas tecnologías. Para el sector público, supone mejorar la eficiencia y calidad de los servicios públicos y reducir sus costes a medio y largo plazo.

El objetivo de este artículo es analizar la experiencia de CPI en España desde la perspectiva regional, centrándose en las modalidades, financiación, principales sectores, áreas de desarrollo y resultados en productos y servicios. Se analizan ochenta y cuatro casos que conforman una base de datos de elaboración propia. En general, se observa un comportamiento similar entre regiones, si bien se encuentran diferencias en la relevancia de los sectores y la financiación europea. En relación a los sectores, en las regiones más desarrolladas e innovadoras, predominan las actividades industriales y de servicios, especialmente las ramas intensivas en conocimiento. La financiación europea constituye un elemento determinante para la implementación de la CPI en las regiones menos desarrolladas e innovadoras. Los resultados sugieren que los distintos niveles de innovación y desarrollo regional condicionan la efectividad de la CPI y el desarrollo de innovaciones derivadas de su implementación.