La deuda autonómica con relación al PIB fue prácticamente constante, alrededor del 6%, entre 1955 y 2007. A partir de 2007 y empujada por la Gran Recesión inicia una fuerte escalada que la lleva a un máximo de casi el 25% en 2016, para estabilizarse de forma muy gradual en los años siguientes. En 2019 representaba el 23,7 % del PIB. El sistema de financiación no está pensado para soportar volúmenes de deuda tan elevados, y prueba de ello es que a partir de 2012 las comunidades hubieran incumplido sus obligaciones financieras, a no ser por la asistencia prestada por el gobierno central. Nada de esto es una sorpresa. Si las comunidades proveen a la ciudadanía servicios esenciales como la sanidad y la educación de los que la sociedad no puede prescindir, y si sus ingresos, por causa del actual mecanismo de actualización de la financiación autonómica, dependen de la evolución de los grandes tributos nacionales y, por tanto, del ciclo económico, tarde o temprano las comunidades tendrán que endeudarse de forma sustancial para poder cumplir sus obligaciones competenciales. En este artículo se argumenta: i) que la desconexión hoy existente entre las necesidades de gasto y los recursos que el sistema pone a disposición de las comunidades debe resolverse de raíz reformando el mecanismo de actualización del sistema; y ii) que el lastre que supone la voluminosa deuda acumulada durante la pasada crisis debe ser eliminado con un plan concreto de saneamiento financiero.