Número 47 – Verano 2020

El presente artículo proporciona una visión detallada sobre la posición de España y sus Comunidades Autónomas en los programas de Cooperación Territorial Europea (ETC) donde todo el país (o algunas regiones) son elegibles. Este análisis compara la presencia de España en términos de participación en proyectos financiados por estos programas, centrándose en tres variables principales: el alcance regional, es decir, la presencia relativa de cada Comunidad Autónoma (CC.AA.), el alcance temático, en términos de las diferentes ejes temáticos del programa, y el alcance institucional, en términos de la tipología de las instituciones participantes. Para realizar este análisis, se ha generado una nueva base de datos, agregando y tratando datos de ocho fuentes diferentes vinculadas a los cuatro programas analizados: Interregs Europe, Atlantic, Mediterranean y SUDOE (Sur-Oeste). El principal resultado mostrado en el análisis es que España participa en ETC en la media de lo que lo hacen otros estados de la UE, y que la distribución de esta participación entre CC.AA. depende de cada programa y cambia durante la duración del período de programación; también mostramos que la distribución entre los objetivos temáticos de los programas está dividida proporcionalmente y en cierta medida alineada con el uso del FEDER en cada territorio; además, concluimos que el papel del sector privado aún es escaso y debe fomentarse.

Este artículo ofrece una valoración crítica del estado actual de la normativa sobre estabilidad presupuestaria aplicable a las CCAA españolas. En particular, se concentra en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), que ha mostrado una reducida eficacia para el cumplimiento de los objetivos de déficit público y regla de gasto. De manera complementaria, la LOEPSF también ha presentado deficiencias para cubrir el periodo transitorio ahora finalizado, en la aplicación de los mecanismos correctivos, en la ausencia de un mayor automatismo y en la interpretación de algunas de sus cláusulas sobre superávits e ingresos extraordinarios. De cara a su posible reforma, habría que tener en cuenta el nuevo marco de gobernanza fiscal europeo, una eventual reforma de la financiación autonómica en un contexto de profunda recesión económica y un cambio radical (si no la deseable eliminación) de los mecanismos extraordinarios de financiación.

Este estudio, cerrando la brecha de conocimiento para países en vías de desarrollo, busca estimar la prima salarial urban en Ecuador para diferentes tipos de trabajadores, usando variables instrumentales para tratar el problema de endogeneidad. Los resultados muestran que para los trabajadores formales, la elasticidad del salario es 0.05/0.12 con respecto a la población cantonal/densidad poblacional, y 0.049/0.088 con respecto al número de empresas/densidad de empresas. Estas estimaciones son más altas que las de trabajadores informales y trabajadores por cuenta propia. Los trabajadores localizados en las ciudades metropolitanas y ciudades grandes ganan salarios 9.6% y 7% más altos que los trabajadores localizados en ciudades pequeñas, respectivamente. Algunas ciudades se destacan como excepciones porque estas ofrecen bajas primas salariales urbanas a pesar de tener grandes poblaciones. Esta discrepancia puede estar relacionada a la pobreza y el crecimiento urbano desorganizado que las ciudades de los países en vías de desarrollo enfrentan.

El objetivo de este trabajo es contribuir a cubrir el déficit de información respecto a la estimación del PIB municipal presentando un método de cálculo basado en la estimación de la productividad sectorial diferencial de la ciudad respecto a su Comunidad Autónoma. Se utilizan los diferenciales salariales sectoriales entre las ciudades y las Comunidades Autónomas estimados a partir de la Muestra Continua de Vidas Laborales para el período 2010-2016. Los resultados parecen indicar que se están recogiendo aspectos relevantes de la economía de las ciudades como, entre otros, potenciales economías de aglomeración.

Este trabajo investiga el impacto de las comunidades de inmigrantes (redes sociales) y de las relaciones comerciales históricas (redes de negocios) sobre la decisión de localización de los inmigrantes en una determinada provincia de Italia, Portugal o España. Se analiza la dependencia espacial que puede afectar a esta decisión contrastando, primero, si existen efectos spillover de la inmigración en el resto de provincias y, a continuación, si hay un efecto asociado a la presencia de estas redes en las provincias vecinas. Los resultados muestran que las redes sociales actúan como factor de atracción, pero su efecto positivo se atenúa cuando hay provincias adyacentes con comunidades de inmigrantes del mismo país grandes. En el caso de las redes de negocios, las provincias contiguas con lazos comerciales históricos con el país de origen del inmigrante compiten como destinos alternativos. Así, el impacto de la inmigración se desborda al resto de provincias en el país de destino, y requerirá de la coordinación de las políticas de migración locales y nacionales para que sean efectivas.

Durante los primeros años del siglo XXI, la movilidad de media y larga distancia se ha incrementado entre la población española, principalmente a expensas de una mayor intensidad migratoria de los jóvenes más instruidos. La emigración de trabajadores cualificados hacia el extranjero ha ocupado una posición preferente en el debate académico, pero los flujos migratorios interregionales en función del nivel educativo, que son mayoritarios respecto a la movilidad exterior, no han sido estudiados para el conjunto de regiones españolas de manera reciente. Los resultados de este trabajo, basado en un análisis de los censos de 2001 y 2011, apuntan hacia dinámicas migratorias diferenciadas: los graduados universitarios de las comunidades autónomas del interior peninsular y la cornisa cantábrica emigran con mayor intensidad hacia las regiones económicamente más desarrolladas, mientras que la población sin estudios superiores presenta índices migratorios relativamente estables. En la otra cara de la moneda se encuentra Madrid, que aumenta su capacidad de atracción hacia los universitarios del resto de España, al mismo tiempo que expulsa a su población menos cualificada hacia el norte de Castilla-La Mancha.

La educación es un elemento fundamental para el desarrollo territorial. A su vez, la dimensión territorial condiciona las oportunidades. Este trabajo analiza la importancia del contexto socioeconómico en Galicia, más allá del núcleo familiar; y plantea dos cuestiones principales: la relación entre las aspiraciones educativas y el perfil tanto académico como socioeconómico del alumnado; y como afecta la variable territorial a esa relación, a través del análisis inter e intracomunidad educativa. La metodología combina el análisis descriptivo basado en la prueba ANOVA con la estimación de un modelo de regresión logística ordinal. Los resultados señalan mayores oportunidades y nivel de formación en las áreas más grandes. Además, se constata que la aspiración educativa depende del rendimiento e índice socioeconómico.

España está situada entre los cuatro líderes mundiales en turismo costero. Para mantener esta posición en un mercado altamente competitivo, las instituciones públicas con competencia en las zonas costeras necesitan monitorear constantemente los componentes ambientales, económicos y sociales del turismo de “sol y playa”. Por lo tanto, el principal objetivo de este estudio es evaluar la competitividad de los destinos costeros españoles más visitados. Para ello se aplicarán técnicas de indicadores utilizando, principalmente, parámetros socio-económicos y físico-geográficos. De una forma global los primeros resultados muestran que los destino más competitivos, aplicando estas técnicas, son, en este orden jerárquico, Islas Canarias, Cataluña, Baleares, Valencia, Andalucía y Murcia.

Los poderes públicos han desempeñado un papel clave en la competitividad turística, al recaer sobre este agente la obligación de proporcionar distintas infraestructuras y garantizar distintos servicios tanto al turista como al propio destino turístico. Las administraciones públicas de los territorios en los que el turismo tiene un peso importante para la economía española han puesto de manifiesto determinados problemas de financiación. Ante lo cual, la implantación de instrumentos fiscales específicos que graven dicha actividad y que recaigan sobre los agentes participantes en el sector, pueden contribuir a obtener la financiación necesaria para abordar distintas políticas públicas.