Políticas regionales de inclusión social: de la comparación a la innovación social y el aprendizaje mutuo
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Las políticas de inclusión engloban programas y prestaciones de distinto recorrido y naturaleza. Esta diversidad ha sido un obstáculo para profundizar y analizar de manera comparada estas acciones, no solo en España, sino también a nivel europeo. La crisis económica y del empleo evidencia la ineficacia de muchas de estas políticas. Este artículo presenta los nuevos enfoques que buscan la adecuación de estas acciones y las claves para su eficacia. Para ello se toman como estudio de caso cinco comunidades autónomas de España. Los resultados que se presentan son parte del proyecto INCLUSIVE (CSO2014-51901-P) financiado por MINECO.
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La Rioja y Región de Murcia son dos autonomías uniprovinciales gobernadas por el partido conservador español (Partido Popular) desde mediados de los años noventa y que han desarrollado modelos sociales dispares, aunque con elementos comunes. Mediante un análisis comparativo, tomando como referencia la política de inclusión, se indaga en las etapas experimentadas en los últimos treinta años. En su análisis se toma como referencia los campos de Servicios Sociales, Empleo, Educación y Rentas. Los elementos comunes (similar compromiso documental en leyes, planes y ayudas; excesiva delegación en el tercer sector; escasa planificación y falta de coordinación) predominan sobres las diferencias (mayor riesgo social, menor gasto en protección social en la Región de Murcia y el contexto más desfavorable de ésta).
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En este artículo se analizan las transiciones e impactos de las políticas regionales de inclusión social en las zonas urbanas desfavorecidas de Andalucía a través de un estudio longitudinal (1989-2018). Para ello, analizamos las normativas que han surgido específicamente en materia de inclusión social, sopesándolas frente a las percepciones de los actores que han participado en el diseño e implementación de estas políticas. Los resultados del análisis nos permiten presentar prácticas y enfoques efectivos en estos barrios. Concluimos que las políticas de inclusión social se han alejado de los enfoques asistenciales y de los modelos de inserción basados en programas de garantía de ingresos y empleo. Ambos enfoques revelan nuevas limitaciones en el contexto actual de destrucción de empleo y precariedad.
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El sistema de protección social castellano y leonés se caracteriza, al igual que en el resto de comunidades del Estado español, por adoptar un modelo mixto de bienestar en el que agentes públicos y privados colaboran con diferentes roles y desde distintas posiciones. El presente trabajo analiza el papel que desarrolla el Tercer Sector y las relaciones que mantiene con las administraciones públicas en el marco de las políticas de inclusión social en Castilla y León. La forma en la que se produce la relación público-privada en este particular ámbito de la gestión pública constituye un hecho diferenciador que singulariza el caso castellano y leonés respecto a otras comunidades autónomas.
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Los obstáculos para la inclusión social de los grupos vulnerables responden tanto al contexto socioeconómico de cada territorio como a la orientación y diseño institucional de las políticas públicas. En ese sentido, el trabajo conjunto entre servicios sociales y servicios de empleo es estratégico para la inclusión social. Sin embargo, es manifiesta la dificultad de colaboración o integración entre ambos sistemas. Este artículo propone claves para analizar el grado de coordinación de servicios orientados a la incorporación sociolaboral de la población vulnerable. Los resultados son producto del análisis comparado de las relaciones entre los servicios sociales y los servicios de empleo en cinco Comunidades Autónomas de España. A partir de ello, se identifican las claves y desafíos a los que se enfrentan los distintos modelos de integración de servicios orientados a la inclusión.
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Las Comunidades Autónomas son las principales responsables de la política de asistencia social en España. Recientemente, la Comunidad Valenciana ha reformado su sistema de rentas mínimas, instaurando la denominada Renta Valenciana de Inclusión. En el presente trabajo se calcula el impacto económico de este programa partiendo de una estimación ex-ante del gasto público a realizar. La estimación cuantifica el número de beneficiarios y el coste presupuestario de la medida; y compara estos resultados con las restantes Comunidades Autónomas. La Comunidad Valenciana se situaría entre las regiones españolas con mayor tasa de cobertura y con mayor gasto por habitante en este tipo de políticas.
En base al coste presupuestario, se calcula el impacto económico que tendrá esta medida sobre la economía valenciana, utilizando la metodología de las Tablas Input-Output. Si se tienen en cuenta los efectos directo, indirecto e inducido, su impacto será muy relevante en términos de producción de bienes y servicios y de creación de empleo. También puede destacarse el retorno impositivo del programa para la administración pública, que incluirá los impuestos sobre el consumo, pero también la imposición sobre la renta y las cotizaciones sociales de los nuevos empleos generados.
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En los últimos años y a raíz de las privatizaciones de las políticas públicas y deterioros de los servicios sociales, el marco de “lo común” se está convirtiendo en una referencia analítica para configurar programas innovadores en el ámbito de la protección social. Si bien, esta provisión desde “lo comunitario” se ha tratado todavía de manera incipiente en la literatura académica, ya han empezado a surgir a nivel aplicado algunas iniciativas que tienen como base una clara activación de los vínculos sociales más próximos. En concreto, el artículo se centra en la provisión de cuidados, espacio desde el que se busca explorar esta dimensión de lo común y comunitario como elemento bajo el cual potenciar la acción pública. La intención no es retraer “lo público”, sino dotarlo de un significado “común” que incorpore en sus actividades los vínculos cooperativos. Se defiende que la combinación de “lo público” con “lo común” podría dinamizar la atención de los servicios sociales y afrontar con mayor flexibilidad las nuevas demandas en el terreno de la asistencia personal.
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Italia es uno de los Países más envejecidos del mundo. A pesar de eso y de las alarmantes estimaciones sobre las tendencias demográficas futuras, la política de cuidado de larga duración (Long Term Care – LTC, por sus siglas en inglés) está encontrando dificultades para ser reconocida como uno de los temas centrales del debate público y de la agenda política. Sin embargo, en contraste con la inercia que prevalece a nivel nacional, en los últimos años, muchos territorios han experimentado nuevas soluciones en el campo de la LTC, enfrentando el desafío de crear entornos de cuidado local más inclusivos para las personas mayores vulnerables (dependientes) y sus familias. El presente documento apunta a la literatura académica más reciente sobre innovación social y el discurso político elaborado por la Unión Europea. A lo largo del texto se desarrolla una “definición operacional” de innovación social, con referencia específica al LTC y al cuidado de las personas mayores. Por otro lado, proporciona un análisis comparado sobre las respuestas innovadoras que se han dado ante la institucionalización completa y la atención familiar en las dos regiones italianas de Lombardía y Piamonte. Por último, se discuten los factores que hay detrás de la adopción de soluciones políticas socialmente innovadoras a nivel local, arrojando luz sobre el papel clave que desempeñan los nuevos actores y las redes de múltiples stakeholders.
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El aspecto central del pensamiento de bienestar y protección infantil centrado en la familia y en la comunidad, es que para preservar la unidad de la familia se debe introducir ampliamente desde el entorno los servicios en la vida de la familia. Es decir, movilizar los recursos internos de la familia y reconocer la crianza de los hijos como un valor social. La protección integral de los niños protege y mantiene la responsabilidad de la familia centrada en el cuidado, al tiempo que promueve la protección y la aceptación social generalizada de los derechos de los menores. El apoyo profesional se entiende como un proceso multidisciplinar y multidimensional, dirigido a la promoción del bienestar de los menores, la mejora de la calidad de vida de cada miembro de la familia y, a largo plazo, la integración social de las familias con múltiples problemas. El presente estudio examina cuáles son las nuevas direcciones en el sistema húngaro de protección de la infancia, que se centran en la inclusión social, y prevé un sistema de servicios especializados de atención social. Para ello presentamos las experiencias profesionales de dos programas de referencia: 1) programas de desarrollo de habilidades parentales; 2) aplicación telefónica de apoyo a la integración social exitosa de menores y adultos jóvenes en el cuidado infantil. El éxito de las innovaciones presentadas en la protección de la infancia se ve reforzado por el hecho de que se trata de iniciativas basadas en la cooperación de varios actores, que se dirigen a los miembros del grupo objetivo (menores / jóvenes y sus padres y madres), así como, profesionales que trabajan en el sistema de protección y protección infantil y profesionales de campos asociados. El proceso de identificación e interpretación conjunta de los factores de protección incluye investigaciones que aplican metodologías complejas, desarrolladas para la evaluación de los resultados.
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