Los poderes públicos han desempeñado un papel clave en la competitividad turística, al recaer sobre este agente la obligación de proporcionar distintas infraestructuras y garantizar distintos servicios tanto al turista como al propio destino turístico. Las administraciones públicas de los territorios en los que el turismo tiene un peso importante para la economía española han puesto de manifiesto determinados problemas de financiación. Ante lo cual, la implantación de instrumentos fiscales específicos que graven dicha actividad y que recaigan sobre los agentes participantes en el sector, pueden contribuir a obtener la financiación necesaria para abordar distintas políticas públicas.