Las infraestructuras contribuyen al bienestar social cuando cumplen una condición muy simple: los beneficios sociales han de ser mayores que sus costes sociales. La sociedad suele contemplar las infraestructuras con un cierto sesgo consistente en la creencia de cuanta más, más grande y de nueva tecnología mejor. El concepto de coste de oportunidad del dinero público no parece pertenecer al lenguaje de muchos de los que deciden sobre la construcción de grandes obras públicas. En este trabajo se defiende la evaluación económica de los proyectos de inversión en infraestructuras de manera que se evite la construcción de obras de dudosa rentabilidad social destinándose los fondos públicos donde son los beneficios sociales compensan el coste de oportunidad de su utilización.